Esta lógica no autoriza una vigilancia continua ni comprobaciones periódicas generalizadas de toda la plantilla. En España, cada tratamiento debe justificarse por una finalidad legítima, una base jurídica apropiada y su necesidad y proporcionalidad.
La legislación española reconoce garantías específicas de intimidad en el uso de dispositivos digitales en el trabajo. Las organizaciones deben informar de forma adecuada, limitar el acceso a los datos y establecer reglas claras de conservación.
La IA puede facilitar matrices de funciones, circuitos de autorización, seguimiento de procedimientos y documentación de controles. Su principal aportación consiste en mejorar procesos, no en elaborar perfiles personales invasivos.
En operaciones con riesgo elevado para los derechos de las personas puede ser necesaria una evaluación de impacto en protección de datos. También deben revisarse las medidas de seguridad y las obligaciones de información y consulta que correspondan.
El resultado deseable es una protección más inteligente con menos datos innecesarios. En la quinta entrega presentamos diez reglas para llevar este enfoque a la práctica.
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